Tuxtla Gutiérrez, la capital de Chiapas, se quedó sin agua. Este hecho, lejos de ser una situación excepcional, es muestra de lo que sucede en los municipios mexicanos.
A propósito de lo anterior, conviene reflexionar sobre la crisis estructural que enfrentan los organismos operadores de agua en el país. Tengamos presente un hecho: el acceso al agua potable y al saneamiento es un derecho humano constitucionalizado en México desde 2012. Esto hace que los tres niveles de gobierno tengan que implementar medidas para hacer efectivo tal derecho.
Sin embargo, el problema no es tan sencillo. En él convergen fallas en el diseño institucional, crisis de gestión e inviabilidad financiera. En México existen 2,826 organismos encargados del agua potable, alcantarillado y saneamiento. Esta atomización, resultado de lo establecido en el artículo 115 constitucional, ha derivado en una debilidad técnica crónica. La mayoría de estas instituciones no cuentan con autonomía real, quedando supeditadas a los ciclos políticos municipales que impiden la planeación a largo plazo y fomentan la rotación de cuadros directivos y técnicos por criterios clientelares y de lealtad.
Por otro lado, de acuerdo con la Asociación Nacional de Entidades de Agua y Saneamiento de México A. C., la crisis financiera por la que atraviesan los organismos los hace prácticamente inviables. La mayoría de los municipios fija tarifas que no alcanza a cubrir los costos de operación y mantenimiento, y mucho menos los de inversión. A esto hay que sumarle el déficit en la recaudación que se liga a la imposibilidad de mejorar las redes provocando que se pierda entre el 40 y el 60 por ciento del agua. Es un círculo vicioso: la falta de recursos impide mejorar el servicio, y la mala calidad del mismo desincentiva el pago por parte de los usuarios.
A esto se suma que los organismos operadores no pueden pagar la luz. Ellos son altos consumidores de energía eléctrica y de acuerdo con la CONAGUA, el adeudo que tienen con la Comisión Federal de Electricidad representa una de las mayores presiones para las haciendas locales. Si no hay pago, entonces, se tiene apagar las bombas.
La crisis de los organismos operadores es reflejo de una gobernanza hídrica fallida. En pleno siglo XXI, hay, al menos, 21 millones de mexicanos que no cuentan con una red pública de agua potable. Esta situación se vuelve desconcertante e insultante en estados como Chiapas en donde siendo una región con abundancia de recursos hídricos superficiales, la precariedad de los sistemas municipales de agua es una constante que profundiza las desigualdades.
¿Qué hacer? No se trata de encontrar el hilo negro, sino de poner manos a la obra con voluntad política. Hay que ir hacia una reforma estructural de la política hídrica nacional, profesionalizar de verdad los organismos municipales y establecer tarifas con criterios técnicos. Además, hay que blindar a tales organismos para no sean la caja chica de los ayuntamientos cuando necesitan dinero contante y sonante.
El acceso al agua es un derecho, pero su provisión necesita de infraestructura que no se construye ni mantiene con discursos. Urge una administración pública del agua eficiente y financieramente sana, de lo contrario al abrir la llave no saldrá nada.
