Los cambios legales aprobados en el ámbito federal abren una ruta de trabajo conjunto para ampliar auditorías, homologar criterios y vigilar con mayor rigor el uso de recursos públicos
AquíNoticias Staff
La Auditoría Superior del Estado de Chiapas expresó su respaldo a las reformas aprobadas por el Congreso de la Unión a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación y a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, al considerar que abren una nueva etapa para fortalecer la revisión del gasto público en el país.
De acuerdo con el posicionamiento del órgano fiscalizador local, los cambios legales refuerzan la coordinación entre la Auditoría Superior de la Federación y las Entidades Estatales de Fiscalización, lo que permitirá ampliar la cobertura de auditorías y avanzar hacia un esquema de supervisión más amplio sobre municipios y ejecutores de recursos públicos.
La ASE destacó que este nuevo marco jurídico da sustento a instrumentos de colaboración institucional que ofrecerán mayor certeza legal a los actos de fiscalización, además de hacer más ordenado y eficiente el trabajo de revisión del gasto federalizado.
En ese sentido, señaló que la homologación de criterios y mecanismos entre instancias federales y estatales contribuirá a una vigilancia más uniforme y efectiva en todo el país, con mejores condiciones para transparentar el uso de los recursos públicos.
El organismo chiapaneco también subrayó que la incorporación de tecnología y de mejores prácticas forma parte de esta actualización del Sistema Nacional de Fiscalización, en una ruta que, afirmó, permitirá modernizar procesos y fortalecer capacidades técnicas.
Bajo ese escenario, la Auditoría Superior del Estado sostuvo que Chiapas participará activamente en este nuevo modelo de coordinación, aportando experiencia técnica y conocimiento territorial al esfuerzo de supervisión y rendición de cuentas.
Finalmente, la ASE refrendó su compromiso con un ejercicio del gasto público apegado a la legalidad, la transparencia y la revisión institucional, con el objetivo de que los recursos se utilicen en beneficio de la ciudadanía.
