El Gobierno federal firmó un acuerdo temporal con bancos y valeras para reducir comisiones en pagos de gasolina y diésel entre mayo y octubre de 2026. La medida busca abaratar combustibles, pero también confirma que la contención del precio depende de pactos con privados y de ajustes parciales, no de una solución estructural
AquíNoticas Staff
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció este 27 de abril un acuerdo entre el Gobierno de México, la Asociación de Bancos de México y la Asociación de Sociedades de Vales para reducir, del 1 de mayo al 31 de octubre de 2026, las comisiones que cobran las operaciones de gasolina y diésel pagadas con tarjetas y vales. Según la Presidencia, la baja en esos costos debe reflejarse en un menor precio final para las y los consumidores.
El secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora, detalló que el acuerdo incluye tres componentes: una rebaja de 80 por ciento en la cuota que forma parte de las comisiones bancarias por pagos con tarjeta, un descuento de 1.10 pesos en las comisiones por recepción de vales del sector transportista y logístico, y medidas regulatorias con la CNBV y Banxico para que el esquema entre en vigor desde mayo. La Presidencia también sostuvo que en débito el costo para la gasolinera baja 0.45 por ciento por transacción y en crédito 1 por ciento.
Políticamente, el anuncio permite a Sheinbaum presentar una señal de acción inmediata en un tema sensible para el bolsillo y para la inflación cotidiana. Pero el fondo del mensaje es otro: el gobierno no está resolviendo de raíz el precio de los combustibles, sino armando un mecanismo de contención con actores privados para evitar que el diésel siga escalando. La propia Presidenta adelantó que este 28 de abril se reunirá con gasolineros para seguir buscando una reducción adicional en ese combustible.
La medida, además, exhibe una fragilidad: es temporal y depende de que el ahorro realmente se traslade al consumidor. Ahí está el punto crítico. El gobierno plantea que si la estación de servicio paga menos por aceptar tarjetas o vales, el precio al público debe bajar. Pero entre el costo financiero y el precio final median márgenes comerciales, costos logísticos y decisiones privadas que no desaparecen por decreto ni por voluntad política.
Ese límite ya se ha visto en el caso del diésel. Días antes del anuncio, reportes periodísticos advirtieron que el pacto para contener su precio se estaba debilitando por el aumento global de energéticos, inventarios limitados y márgenes reducidos para distribuidores, especialmente fuera de las zonas con mayor volumen de ventas. Es decir, el gobierno contiene, pero el mercado aprieta.
Hay también una segunda lectura política. Bajo el discurso de apoyo a la economía familiar, el acuerdo abre paso a una agenda de digitalización forzada del consumo de combustibles. El presidente de la ABM, Emilio Romano Mussali, presentó la reducción de comisiones como una primera etapa para eliminar el uso de efectivo en gasolineras. Eso puede ordenar operaciones y reducir riesgos, pero también traslada la discusión desde el precio del combustible hacia el control de los medios de pago.
La Presidenta gana, por ahora, una noticia política útil: muestra coordinación con banca, valeras y reguladores, y coloca al gobierno como árbitro de una baja de costos. Pero el anuncio también confirma que el problema del diésel ya entró en zona delicada. Si para contenerlo se necesitan subsidios, topes informales, reuniones con gasolineros y ahora reducción de comisiones financieras, lo que aparece no es una solución de fondo, sino una cadena de parches para evitar que el precio se convierta en un conflicto mayor
