Con el voto en contra de nueve ministros de la SCJN, se consolidó el revés total de la iniciativa que buscaba, entre otras cosas, reducciones de salarios de los consejeros del INE y la ampliación de los programas de voto en el extranjero
Aquínoticias Staff
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio un revés completo a la Reforma Electoral promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador; con ello, se cierra el capítulo de las modificaciones promovidas por el gobierno federal a las instituciones político-electorales de México.
El denominado Plan B no tuvo el respaldo mínimo necesario de la Suprema Corte para seguir vigente en las elecciones de 2024, ya que hubo dos votos a favor y nueve en contra del proyecto.
Los ministros que coincidieron son: Norma Piña, Margarita Ríos Farjat, Alberto Pérez, Arturo Zaldívar, Jorge Pardo, Juan Luis González, Javier Laynez, Alfredo Gutiérrez y Luis María Aguilar, mientras que las que votaron a favor fueron Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz.
Si bien, la SCJN ya había anulado la primera parte de esta reforma, la segunda parte del Plan B invalidada este jueves, correspondía a las modificaciones promovidas a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, Ley General de Partidos Políticos, Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la expedición de la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral, todo ello publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 2 de marzo de 2023.
A pesar de que la discusión se centró en la forma en la que se aprobó la Reforma Electoral, esto tuvo como consecuencia la invalidez del texto, el cual planteaban entre otras cosas, nuevas reglas para los partidos políticos, la reducción de los salarios a los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) y la eliminación de fideicomisos; asimismo, proponía la eliminación de la duplicidad de trabajo entre los Organismos Públicos Autónomos Electorales (OPLEs) y el INE.
En la iniciativa presidencial, además, se abordaban medidas de austeridad, pues se reducían costos operativos del INE; se ampliaba la capacidad del ejercicio del voto de los mexicanos que viven en el extranjero, ya que se otorgaba la posibilidad de votar con el pasaporte o matrícula consular; también se fijaba a nivel de ley las acciones afirmativas para prevenir la discriminación pues, hasta el momento, algunas de ellas están en sentencias y determinaciones administrativas.
Cabe destacar que fue el ministro Javier Laynez Potisek fue el encargado de generar el proyecto de resolución, mismo en el que se determinó ponerle fin a la iniciativa por violentar el proceso legislativo.
“El Congreso de la Unión incurrió en múltiples violaciones graves al procedimiento legislativo, las cuales son suficientes para invalidar la totalidad del decreto impugnado, lo que es congruente con la doctrina jurisprudencial que la Corte ha sostenido en más de treinta asuntos y que recoge los requisitos mínimos para que un proceso legislativo sea válido”, señaló.
