Aproximadamente, más del 66 por ciento de quienes habitan las cárceles chiapanecas tienen entre 18 y 39 años. En «El Amate», el 30. 8 por ciento admitió haber sido víctima de alguna conducta ilegal; en el Cefereso 15 de Villa Comaltitlán, el 6 por ciento. El porcentaje del reclusorio en Cintalapa es mucho mayor a los registrados en los penales de Cadereyta y Topo Chico, una de las clasificadas entre las más peligrosas del mundo
Julieth Rodríguez/Portavoz
Condenados a una vida de estigma y discriminación están los jóvenes de la población penitenciaria que son mayoría en las cárceles del país. Chiapas está a poco más de medio camino de esta realidad, ya que se posicionó como la entidad número 15 con mayor población juvenil tras los barrotes, dos peldaños arriba que la Ciudad de México, según los datos que recién reveló el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
La juventud no es lo único que caracteriza a este sector poblacional. La Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (Enpol) 2016 —efectuada por vez primera— evidenció con cifras lo que ya era bien sabido: autogobierno en las prisiones, corrupción en diferentes niveles, violencia, detenciones arbitrarias y violación sistemática de derechos humanos, precisó el organismo México Social.
De acuerdo con los datos del Inegi, en 2016 había 210 mil 991 personas de 18 años y más privadas de la libertad en México. De ellas, el 68.1 por ciento tienen 39 años o menos. En el caso de Chiapas, en el mismo periodo se contabilizaron 6 mil 164 personas de 18 años y más en condiciones de reclusión; de las cuales, 4 mil 178 pertenecen al rango de edad comprendido entre los 18 y 39 años, es decir, aproximadamente más del 66 por ciento de la población penitenciaria.
Cabe aclarar que en la entidad, personal del Inegi visitó el Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados (CERSS) «El Amate», número 14, en Cintalapa; y el Federal de Reinserción Social (Cefereso) número 15, en Villa Comaltitlán.
Reincidencia y segregación
Respecto a la densidad de la población penitenciaria en el estado, hasta octubre de 2016 se registró una tasa de 116 personas privadas de la libertad, por cada 100 mil habitantes. La cifra es mayor que la tasa de Michoacán (104) y Tlaxcala (54), dos estados con alta presencia de mafias y crimen organizado.
En cuanto a la población privada de la libertad que había enfrentado algún proceso penal anterior al que determinó su reclusión actual —es decir, reincidentes—, había mayor porcentaje de éstos en el Cefereso número 15, condición en la que se hallaba el 13.6 por ciento de sus habitantes; en «El Amate», era de 9.2 por ciento, la más baja del país. A nivel nacional, la cifra de internos con antecedentes penales llegó a 25.9 por ciento.
Además, en la vida intracarcelaria existe separación entre sentenciados y procesados. El 35.4 por ciento de la población recluida a nivel estatal, en 2016, identificó esta segregación dentro de sus centros penitenciarios. En niveles similares se encuentran Tabasco (38 por ciento), Aguascalientes (36 por ciento), Guanajuato (35 por ciento), Durango (33 por ciento), Colima (32 por ciento) y Oaxaca (30 por ciento).
El Inegi explicó que esta cifra se ubicó en 47.7 por ciento para el caso de aquellas cárceles federales, mientras que para las estatales y municipales fue 44.2 por ciento.
Victimización y corrupción
A nivel nacional, durante 2016, 33.2 por ciento de la población privada de la libertad fue víctima de algún delito dentro del centro penitenciario. Muy cercana a esa cifra, es la que se registró en el mismo periodo de tiempo, en «El Amate», con 30. 8 por ciento; en tanto que en el Cefereso de Villa Comaltitlán, sólo el 6 por ciento admitió haber sido víctima de alguna conducta ilegal.
El porcentaje del reclusorio en Cintalapa es mucho mayor a los registrados en los penales de Cadereyta (20 por ciento) y Topo Chico (29 por ciento), clasificados entre los más peligrosos del mundo; en ambas cárceles neoleonesas, este año se generaron disturbios por amotinamiento de reos. «El Amate» incluso supera a la cifra registrada en las cárceles de Baja California que no llegan a los 20 puntos, a pesar que son conocidas a nivel nacional por ser las que concentran el mayor número de presos por crimen organizado.
La Enpol 2016 también se concentró en identificar a la población privada de la libertad que ha sido víctima de corrupción en alguna o en todas las etapas relacionadas con el arresto, el proceso penal y la reclusión.
Chiapas se ubicó en el séptimo lugar de esta problemática, dos lugares arriba de la Ciudad de México. En las penitenciarías estatales sujetas al estudio, contabilizaron 356 internos por cada mil personas en reclusión que han sido víctimas de actos de corrupción; lo que se traduce en por lo menos el 35 por ciento de su población en cárcel. De ellas, 290 personas lo fueron durante el arresto; 158, en el Ministerio Público; 47, en el proceso judicial; y 18, en el centro penitenciario.
La entidad supera los niveles de corrupción detectados en Sinaloa (19 por ciento) y Tamaulipas (27 por ciento); no obstante, es sobrepasada por la que registraron Tabasco (44 por ciento), Oaxaca (42 por ciento), Hidalgo (38 por ciento) y Quintana Roo (40 por ciento).
Panorama nacional
De manera generalizada, el Inegi dio a conocer que de la población juvenil privada de la libertad (el 68 por ciento del que ya se hizo referencia al inicio de este trabajo), 94.1 por ciento sabía leer y escribir, y 72.1 por ciento tenía estudios de educación básica.
Al ser presentada ante el Ministerio Público, el 67.6 por ciento fue informada sobre el motivo por el cual la acusaban y sólo 19.8 por ciento pudo ejercer su derecho de contactarse con un abogado. 24.3 por ciento de esta población recibió amenazas o presiones para declararse culpable.
De la población privada de la libertad, 31.9 por ciento se sintió insegura en el reclusorio donde está internado y 19.1 por ciento, al interior de su celda.
Durante su estancia en el penal, 33.2 por ciento ha sido víctima de una conducta ilegal; la mayor proporción (89.2 por ciento), por robo de objetos personales, mientras que 5 por ciento fue víctima de algún delito sexual.
En el país, 39.3 por ciento de la población privada de la libertad fue víctima de actos de corrupción en al menos una de las etapas relacionadas con su reclusión. 66.4 por ciento de la población privada de la libertad pagó por exentar el pase de lista; además, el 87.4 por ciento del total de pagos ilegales para obtener un servicio, bien, beneficio o permiso al interior del penal fueron entregados a los custodios, se lee en el informe del Inegi.
CNDH ya había advertido
Luego de conocerse estas cifras, la organización México Social emitió un pronunciamiento en el que consideró que todavía están lejos de reflejarse los efectos del Sistema Nacional Anticorrupción y la puesta en operaciones del nuevo sistema de justicia penal.
De los reclusorios opinó que se han convertido ya no sólo en «escuelas del crimen», sino en verdaderos centros protegidos para la operación delincuencial del crimen organizado. Con las políticas públicas implementadas, el plan es que «las prisiones funcionen verdaderamente como centros para la rehabilitación y la reinserción social de las personas imputadas».
Resaltó el hecho de que del total de las personas privadas de la libertad, 18 mil 011 alguna vez prestaron sus servicios en instituciones policiales, en el Ejército o en la Marina, es decir, 8.5 por ciento, «dato que, frente a los niveles de corrupción, permite dimensionar el nivel de crisis por el que atraviesan las corporaciones de seguridad pública en el país, pues con menor corrupción e impunidad probablemente la cifra sería mucho mayor».
En el caso exclusivo de Chiapas, en marzo del año pasado, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) instó al gobierno estatal a elevar el número de custodios (había 120 elementos para 2 mil 520 reclusos), así como a clasificar a los presos de acuerdo con el artículo 18 constitucional, a fin de erradicar las condiciones de «autogobierno» que imperaban.
En el mes que recién concluyó, el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura —dependiente de ese organismo nacional— clasificó al Cefereso 15 de Villa Comaltitlán entre aquellos donde persisten factores de riesgo para que se presenten casos de tortura o maltratos contra los internos puesto a las condiciones de hacinamiento, falta de comida y de personal médico al que se exponía a la población.
