El proyecto Saguaro LNG busca exportar gas natural licuado desde Sonora hacia Asia; organizaciones ambientales advierten riesgos para ballenas, biodiversidad marina y comunidades del Golfo de California
AquíNoticias Staff
El Golfo de California vuelve a estar en el centro de una disputa ambiental. Después de Mahahual, donde la presión pública y ambiental colocó bajo revisión un megaproyecto turístico, ahora la alerta apunta hacia Saguaro LNG, una iniciativa energética impulsada por Mexico Pacific en Puerto Libertad, Sonora.
El proyecto se presenta como una terminal de exportación de gas natural licuado. La empresa plantea una capacidad de 15 millones de toneladas anuales y lo promueve como infraestructura estratégica para llevar gas hacia mercados internacionales, particularmente Asia. Pero detrás de esa promesa económica hay una pregunta incómoda: ¿qué costo ambiental tendría convertir el Golfo de California en ruta de tránsito para buques metaneros?
La preocupación no es menor. El proyecto contempla una cadena de infraestructura que incluye el gasoducto Sierra Madre, de alrededor de 800 kilómetros, para transportar gas desde la Cuenca Pérmica de Texas hasta Puerto Libertad; una planta de licuefacción; instalaciones portuarias y navegación de embarcaciones de gran escala por una de las regiones marinas más importantes de México.
El Golfo de California no es un espacio vacío disponible para la industria. Es una zona de alta biodiversidad, reconocida por su riqueza marina y por la presencia de especies como ballenas, delfines y otros cetáceos. Organizaciones ambientales han advertido que el tránsito de buques, el ruido submarino, las emisiones, el dragado, la infraestructura costera y los impactos acumulados podrían afectar ecosistemas que sostienen también actividades como la pesca y el turismo de naturaleza.
El caso ya llegó a tribunales. Una demanda impulsada por organizaciones ambientales busca proteger a las ballenas del Golfo de California frente al proyecto Saguaro, bajo el argumento de que el tráfico marítimo y la actividad industrial pueden poner en riesgo su hábitat y sus rutas de desplazamiento. También se ha reportado una suspensión relacionada con el tránsito de buques vinculados al proyecto.
La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales ha informado que, durante la administración actual, no ha emitido autorización ambiental para construir, equipar, usar o explotar una instalación portuaria particular destinada al manejo de gas natural licuado en Puerto Libertad. Esa precisión institucional importa porque el debate público no puede reducirse a inversión contra ambientalismo: el centro debe ser la legalidad, la transparencia y la evaluación completa de impactos.
En plataformas de movilización ciudadana, incluida Change.org, activistas y personas preocupadas por el Golfo de California han llamado a frenar el megaproyecto Saguaro. La solicitud se suma a una conversación ambiental más amplia: Mahahual, Loreto, Playa Las Cocinas y ahora Puerto Libertad muestran que la defensa del territorio ya no es un asunto local aislado, sino una agenda nacional sobre qué modelo de desarrollo se está imponiendo sobre costas, mares y comunidades.
El contexto se volvió aún más delicado con las órdenes de aprehensión contra defensores de Playa Las Cocinas, en Bahía de Banderas, Nayarit. De acuerdo con información publicada por El País, cuatro habitantes enfrentaron órdenes de aprehensión tras protestar contra un complejo de lujo en zona federal marítimo-terrestre. Organizaciones denunciaron ese hecho como criminalización de la protesta ambiental y comunitaria.
Ese antecedente no debe leerse como un caso separado. Cuando las comunidades que defienden playas, ballenas, manglares o arrecifes terminan bajo presión penal, la discusión ambiental cambia de escala. Ya no se trata solo de permisos, estudios o inversiones; se trata también de derechos, participación pública y garantías para quienes defienden bienes comunes.
Saguaro coloca a México ante una paradoja. El país asumiría riesgos ambientales y territoriales para exportar gas extraído en Texas. La ganancia se presenta como infraestructura, empleo y competitividad; el costo posible se mide en ruido submarino, tránsito industrial, emisiones, presión sobre especies marinas y pérdida de equilibrio en una región que ha sido llamada el “acuario del mundo”.
El desarrollo no puede medirse únicamente por el tamaño de la inversión. También debe medirse por lo que protege. En Mahahual, la ciudadanía logró recordar que un arrecife vivo vale más que un parque acuático. En el Golfo de California, la pregunta es igual de clara: ¿gas para exportación o ballenas vivas?
Saguaro no es solo un proyecto energético. Es una prueba pública sobre los límites del modelo extractivo en México. Y el Golfo de California no debería convertirse en ruta de sacrificio para el gas texano.
