Wendy Briseño Zuloaga lamentó que haya quienes digan que no es momento de discutir las reformas sobre salud reproductiva debido a los tiempos o la coyuntura electoral
Anayeli García Martínez / Cimac Noticias
Ciudad de México.- La mayoría de las 70 diputadas y diputados que integran las Comisiones unidas de Salud y de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados, no asistieron a la sesión programada para este jueves 22 de abril, en la que se debatiría la interrupción del embarazo como un servicio básico de salud en todo el país.
La reunión semi-presencial estaba convocada a las 11 de la mañana de este jueves, pero media hora después se suspendió por falta de quórum. Siete diputadas se enlazaron de forma remota y seis más estuvieron presentes en el salón del recinto legislativo, entre ellas, las presidentas de las comisiones de Igualdad, Wendy Briseño Zuloaga y de Salud, Miroslava Sánchez Galván.
La discusión, que se realizaría 14 años después de que la entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal despenalizó el aborto en la capital del país, era para reformar la Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y de la Ley General de Salud.
A pesar de que hoy no hubo quórum, la iniciativa presentada en marzo del año pasado fue suscrita en su momento por legisladores de los partidos Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Revolucionario Institucional (PRI), de la Revolución Democrática (PRD) del Trabajo (PT), Movimiento Ciudadano (MC) y Encuentro Solidario (PES).
Dictamen sigue vigente
Este jueves las y los diputados asisten a la sesión de pleno en la Cámara baja para discutir y aprobar la nueva Ley de la Fiscalía General de la República (FGR). En este contexto, la diputada morenista Wendy Briseño Zuloaga dio una conferencia de prensa en la que lamentó que haya quienes digan que no es momento de discutir las reformas sobre salud reproductiva debido a los tiempos o la coyuntura electoral.
La diputada aclaró que el dictamen sigue vigente y puede discutirse en una siguiente sesión y señaló que este día faltaron siete diputados para tener quórum, por lo que llamó a sus compañeras y compañeros a cumplir con sus obligaciones constitucionales, asistir a las reuniones y retomar el análisis de las reformas.
A su vez, la diputada Miroslava Sánchez Galván expuso que este debate es para atender necesidades de justicia y garantizar servicios de salud, por ejemplo, mejorar la salud materno-infantil, evitar embarazos no deseados y poco espaciados; y eliminar las causas prevenibles de la morbilidad y mortalidad materna. La diputada Briseño Zuloaga agregó que el dictamen amplía derechos de las mujeres que ya existen como la anticoncepción de emergencia y la interrupción del embarazo para víctimas de violación sexual.
¿Qué dice la reforma?
En el dictamen se propone reformar tres normas: la Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la Ley General de Salud, todas en materia de servicios de planificación familiar y anticoncepción, servicio de interrupción del embarazo y objeción de conciencia. Esta iniciativa no reforma el Código Penal Federal, que establece el delito de aborto.
La propuesta es que en la Ley General de Salud se establezca la anticoncepción y la interrupción del embarazo como un servicio básico de salud, y se mencione el deber del Estado de fomentar la maternidad y paternidad responsables, especialmente mediante la prevención de los embarazos no planeados o no deseados.
En esta ley se pretende crear un capítulo sobre interrupción del embarazo, donde se agregaría que este servicio «tiene por objeto preservar la vida y la salud, física y mental, de la mujer embarazada que lo solicita, y es un medio para el ejercicio de su derecho a la salud, a la autonomía reproductiva, a una vida libre de violencia y a la igualdad y no discriminación».
Las legisladoras también buscan que en Ley General de Salud quede prohibido que que el personal médico, de enfermería, u otro personal autorizado del servicio de salud, denuncie o testifique en juicios contra mujeres que se realizaron un aborto, y agrega la obligación de atender de manera inmediata a toda víctima de una violación sexual.
Estas consideraciones buscan atender las denuncias de organizaciones civiles que señalan que las y los médicos denuncian a las mujeres o se niegan a practicar el procedimiento, a pesar de que hay casos en los que deben deben ofrecer atención de urgencia.