Cuando la justicia traspasa la frontera
La política mexicana vive de narrativas, de historietas, una palabra, mentiras. Se construyen enemigos, se inventan culpables, se administran escándalos. Pero hay momentos en los que la realidad —cruda, implacable— les estalla la cara sin pedir permiso. Y esta semana ocurrió uno de esos momentos.
Mientras desde el oficialismo se sentían como heridos yse lanzaban acusaciones contra la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, por un operativo que desmanteló un gigantesco laboratorio de drogasvisó paralelo se abría una investigación de otra dimensión: el gobierno de Estados Unidos acusó formalmente al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a otros nueve funcionarios por vínculos con el narcotráfico.
No se trata de una declaración más. No es un señalamiento mediático. Es una acusación en tribunales federales estadounidenses por conspirar con el Cártel de Sinaloa para introducir drogas a ese país, a cambio de sobornos y apoyo político. Ahí se acaba la retórica.
EL DOBLE DISCURSO
El contraste es grotesco. Burdo como todo lo que hace Morena. Por un lado, se intenta convertir en escándalo político un operativo que golpea directamente al crimen organizado en Chihuahua. Se cuestiona la coordinación, se dramatiza la presencia de agencias extranjeras, se monta un espectáculo legislativo.
Por el otro, se guarda un silencio incómodo cuando la acusación no viene de la oposición, ni de la prensa, ni de un adversario político… sino de una fiscalía en Nueva York. Es decir, cuando ya no es narrativa, sino expediente judicial.
LA SOBERANÍA YA NO ES ESCUDO
Durante décadas, muchos políticos mexicanos jugaron con una idea peligrosa: que la soberanía nacional era un escudo suficiente para garantizar impunidad. Eso ya no existe.
Estados Unidos ha dejado claro —no con discursos, sino con acciones— que cuando los delitos trascienden su territorio, la jurisdicción también lo hace. Y el narcotráfico, por definición, es un delito internacional. Y si fuera necesario aplicar la receta del Mayo, no lo van a dudar ni tantito.
Lo que hoy estamos viendo no es un caso aislado. Es una tendencia: cancelación de visas, sanciones financieras, acusaciones penales y procesos judiciales fuera de México.
Es la globalización de la justicia… frente a la localización de la impunidad, el fin de la protección política. Lo más relevante no es el nombre del acusado, es el mensaje.
Durante estos años, el poder político en México ha operado bajo la lógica de la complicidad: protección mutua, encubrimiento institucional, discursos de ocasión. Pero cuando la acusación cruza la frontera, esa red deja de funcionar. Porque ningún partido, ningún fuero, ninguna mayoría legislativa puede detener una orden judicial en otro país. Y ahí es donde la realidad los alcanza a todos.
EL RIESGO
El problema no es solo penal. Es estructural. Si se confirma lo que hoy se acusa —que estructuras de gobierno operaron en coordinación con el narcotráfico— entonces no estamos ante casos aislados de corrupción, sino ante la captura del Estado y eso cambia todo.
Porque entonces la discusión ya no es ideológica, ni electoral, ni partidista. Es una discusión sobre la legitimidad misma del Estado mexicano frente al crimen organizado.
Mientras unos son señalados por combatir al narco, otros son acusados de colaborar con él. Y lo más preocupante no es la acusación en sí, sino la reacción: el silencio, la evasión, la minimización, en una palabra, la complicidad.
Porque cuando un gobierno deja de escandalizarse por estos hechos, es que algo mucho más profundo se ha normalizado. Y cuando eso ocurre, la justicia —tarde o temprano— llega sin pedir permiso.
